Con fecha del 20 de mayo, un día antes de que el juicio oral contra Cristina de Kirchner por el presunto direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez comenzase, el Tribunal Oral reiteró un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete. Firmado por el presidente del TOF 2, Jorge Gorini la carta dirigida a Marcos Peña solicita que se le remita al Tribunal una serie de documentos de matriz financiera sobre los giros autorizados por el disuelto Ministerio de Planificación Federal. Son documentos que permitirían conocer las autorizaciones de ampliación presupuestaria definidas por actuaciones administrativas durante todo el período kirchnerista
En rigor, Gorini aclaró que se trataba de un oficio de “Reiteración”, dado que había solicitado la misma información en otro pedido similar que databa del 25 de abril pasado y que nunca había tenido respuesta. La información financiera sobre desvíos presupuestarios es parte de la acusación por el presunto beneficio que Báez recibió al ser contratado para 51 obras en Santa Cruz, motivo de la hipótesis que se ventila en el juicio. El déficit en cuanto a la documentación es otro de los puntos débiles del expediente a los que se agrega la ausencia de finalización de una acotada pericia que fue ordenada por el TOF en lo que se denomina una instrucción suplementaria. Y es uno de los motivos de la Corte Suprema para haber reclamado el expediente principal donde al máximo Tribunal no le queda claro los motivos por los que se definió que haya habido un pasaje entre las Salas I y IV de la Cámara de Casación y cuál fue el criterio cuantitativo y cualitativo para la elección de 5 obras, cuyo peritaje estará terminado a fines de la feria judicial de invierno.
Puntualmente, el TOF requiere información correspondiente a la cartera que comandaba Julio De Vido, pero también de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.
El primer punto del reclamo, trata sobre “la totalidad de resoluciones del Ministerio de Planificación suscriptas por su titular (Julio De Vido) entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 a través de las cuales se ampliaron y/o modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de Presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015”. Asimismo, el TOF indicó que necesitaba “la totalidad de resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 a través de las cuales se ampliaron y/o modificaron las partidas presupuestarias establecidas” también para los ejercicios 2004-2015.
A su vez, el TOF pidió “la totalidad de actos administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal (dependientes del Ministerio de Planificación), la Dirección Nacional de Vialidad y cualquier otro organismo dependiente” de la órbita de De Vido que hubieran asignado -entre 2003 y 2015- “fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos”. A renglón seguido, los jueces apuntaron que “en caso de no poder efectuarse esta discriminación, deberá remitirse la totalidad de los actos suscriptos en el período”, lo que significa que en realidad están tratando de rastrear documentación de amplio espectro que podría resultar en un volumen considerable de resoluciones dictadas durante 12 años de gobierno. Básicamente pide todos “los actos suscriptos por Vialidad pero también por cada una de las secretarías y subsecretarías dependientes de Planificación. Para el TOF tampoco queda claro que Peña sea quien puede cumplir con la manda porque los jueces advierten que los provea “para el caso de que sea de su competencia”.
